LA DURACION DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Y SU DELIMITACION MEDIANTE EL CONTROL DE PLAZOS


Miguel Ángel Vásquez Rodríguez [1]

SUMARIO
I. INTRODUCCION. II. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES – FINALIDAD. 2.1 Clases de finalidad: Mediata e inmediata. 2.1.1 Finalidad mediata de las Diligencias Preliminares. 2.1.2 Finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares. 2.2 Finalidad Mediata. 2.3 Finalidad Inmediata. 2.3.1 Actos urgentes o inaplazables. 2.3.2 Los actos urgentes o inaplazables y la criminalística. 2.3.3 Principios de criminalística. III. EL CONTROL DE PLAZOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES. 3.1 La concepción de la fase de las Diligencias Preliminares. 3.2 Supuestos de solicitud de control de plazos fundada de las Diligencias Preliminares. 3.2.1 Cuando los plazos fijados por el Fiscal son excesivos para los hechos a investigar y actos a desarrollar. 3.2.2. Cuando los plazos fijados se han vencido sin que se hayan desarrollado los actos dispuestos por el Fiscal, y el retraso es imputable a este último o a los órganos bajo su control. 3.2.3. Cuando los actos dispuestos por el Fiscal que se deben desarrollar durante las Diligencias Preliminares no son urgentes o inaplazables. 3.2.4 Cuando los actos dispuestos por el Fiscal no están destinados a las finalidades descritas en el artículo 330.2 del Código Procesal Penal. IV. CONCLUSIONES. V. BIBLIOGRAFIA

“Como siempre: Lo urgente no deja tiempo para lo importante.” Mafalda.
QUINO, Joaquín Salvador Lavado

I. INTRODUCCION
La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en varios distritos judiciales del Perú, entre ellos el de Madre de Dios, ha generado una diversidad de interpretaciones respecto a lo que debe entenderse como la fase de Diligencias Preliminares. Si bien la Corte Suprema de la República, mediante la casación 02-2008- La Libertad, ha zanjado el tema de su duración máxima y la diferenciación de estas con la Investigación Preparatoria propiamente dicha, lo cierto es que aún no se ha consolidado una adecuada interpretación de la norma respecto a cuáles son los actos que deben desarrollarse en esta fase.

El problema estudio surge a partir de la lectura e interpretación del artículo 334.2 del Código Procesal Penal, el cual además de establecer el plazo ordinario de las Diligencias Preliminares, señala que:
“[…] el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término y dicte la Disposición que corresponda. […]

El eventual afectado por la excesiva duración de las Diligencias Preliminares recurrirá al Juez de la Investigación Preparatoria a fin de buscar tutela de sus derechos por medio de la solicitud de control de plazos, aplicable a este supuesto; ello siempre y cuando el Fiscal haya negado previamente la misma petición.

A fin de amparar o desestimar una solicitud de control de plazos de diligencias preliminares debido a su excesiva duración, es necesario tener claro cuál es el propósito de las Diligencias Preliminares y cuáles son los actos que se pueden desarrollar en esta fase o sub etapa y cuáles no.

Si bien no resulta viable elaborar una lista cerrada de actos que puedan integrar las Diligencias Preliminares, excluyentemente de otros; procuraremos hallar algunas reglas generales que nos permitan sopesar en su momento las los fundamentos de una u otra parte en la audiencia de control de plazos y determinar cuándo se está ante la vulneración del derecho fundamental del plazo razonable dentro del proceso penal.

Iñapari, diciembre del 2009

II. LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES – FINALIDAD
2.1 Clases de finalidad: Mediata e inmediata.
El Código Procesal Penal establece en su artículo 330 [2] las características de las Diligencias Preliminares y su finalidad. Obsérvese el inciso 2 del artículo precitado que indica que la finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares es la realización de actos urgentes e inaplazables destinados a determinados objetivos. Se infiere entonces que las indicadas diligencias tienen también una finalidad mediata, la que no se encuentra expresamente descrita en el texto normativo pero que se desprende de la lectura del primer inciso del mismo artículo y concordante con el espíritu del modelo garantista:

Así, tenemos que las Diligencias Preliminares tienen una finalidad mediata y una inmediata:

2.1.1 Finalidad mediata de las Diligencias Preliminares: Determinar si el Fiscal debe formalizar la Investigación Preparatoria.

2.1.2 Finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares: El texto del artículo 330.2 del Código Procesal Penal revela que esta finalidad es realizar una serie de actos urgentes. ¿Para qué sirven o deben servir estos actos urgentes? De acuerdo al texto normativo, estos actos urgentes o inaplazables están destinados exclusivamente a:

a. Determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad.
b. Asegurar los elementos materiales de su comisión.
c. Individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados.
d. Individualizadas las personas involucradas en la comisión de los hechos, asegurarlas debidamente dentro de los límites de la Ley.

Obsérvese también que la norma es de tipo cerrado, es decir las finalidades son sólo las enumeradas y no otras. La siguiente pregunta es: ¿Cuáles son o deben ser estos actos urgentes destinados a los objetivos ya enumerados? La respuesta a esta pregunta es precisamente el tema de fondo de este trabajo, tal como se adelantó en la introducción. Como ya se dijo también, esta repuesta resuelve el problema de lo que debe entenderse como excesiva duración de las Diligencias Preliminares.

No vamos a profundizar en este caso en el plazo máximo de las Diligencias Preliminares ni respecto a los sujetos que están habilitados para solicitar el control de plazos, ya que esos puntos han sido materia de un trabajo anterior. Baste decir que el plazo de veinte días es un plazo ordinario referencial, que el Fiscal puede establecer uno mayor o uno menor si así lo considera necesario, que la solicitud de control de plazos solo puede formularse para pedir la reducción de los plazos más nunca para una ampliación y que (contra la opinión de un sector de la magistratura) no sólo el agraviado puede pedir el control de plazos, si no cualquier sujeto procesal, excepto el Fiscal, por tener él la capacidad exclusiva de establecer plazos distintos al del Código.

Determinado este punto se puede afirmar que quien se siente afectado por la llamada excesiva duración de las Diligencias Preliminares es porque percibe que ya se cumplió con la finalidad de estas o, que no habiéndose cumplido la finalidad, la actividad fiscal o policial no está resultando adecuada para el logro de esta última.

2.2 Finalidad Mediata
Como ya se ha indicado, la finalidad mediata de las Diligencias Preliminares es determinar si el Fiscal debe formalizar la Investigación Preparatoria. Como resulta evidente el Fiscal debe llegar a esta decisión mediante un proceso racional, lógico y formal, mediante el cual al analizar los diversos indicios y datos obtenidos concluye en que los hechos denunciados ameritan realizar una investigación más profunda.

Subrayo la última línea del párrafo anterior, porque parece que en la práctica procesal, esta afirmación se constituye en la manzana de la discordia. Cuando las Diligencias Preliminares concluyen, al lograrse la finalidad mediata, no es necesario que los hechos se encuentren probados, es decir que no se exige un cien por ciento de convicción en el Fiscal para que formalice la Investigación Preparatoria. En este punto el Fiscal podría no estar lo suficientemente convencido, pero confiar (valiéndose de su experiencia por ejemplo) que en el desarrollo de las Investigaciones podrá acopiar la información y evidencia suficiente para lograr un caso que termine en una sentencia condenatoria. De otro lado, la afirmación previa no es la única variable válida, el otro escenario que tanto el modelo como el código contemplan, es que en el transcurso de la Investigación Preparatoria el Fiscal llegue al convencimiento precisamente de que el caso no tiene relevancia jurídica o que a pesar de sus esfuerzos no puede acreditar la responsabilidad del agente. Se debe comprender que solicitar el sobreseimiento dentro de la Investigación Preparatoria no es un fracaso del fiscal per se; podrá ser un fracaso (y por tanto generador de impunidad) si se solicita cuando no se investigó adecuadamente, cuando se dejaron cabos sueltos durante el proceso, cuando se actuó con negligencia o lentitud; pero si el Fiscal puso todo su empeño y conocimiento en el desarrollo de sus tareas, no es un fracaso de él; en todo caso será un fracaso del sistema por otras variables no atribuibles al Ministerio Público ni al Poder Judicial.

Dicho esto queda claro que el Fiscal no tiene que entrar necesariamente a la fase de Investigación Preparatoria propiamente dicha con la certeza absoluta de tener un caso ganado, incluso si esto fuese así no es necesario ya formalizar la Investigación Preparatoria pues se podrá recurrir al proceso inmediato conforme lo establece el artículo 446.1.c del Código Procesal Penal.

De otro lado no olvidemos que cuando el Fiscal decide dar inicio a la Investigación Preparatoria, lo hace por una necesidad formal a fin de que el proceso se judicialice sólo para efectos de garantizar los derechos fundamentales de las partes, en particular del imputado. No se debe perder de vista que el Fiscal no está pidiendo autorización al Juez de la Investigación Preparatoria para investigar, pues tal como lo indica el código comunica esta decisión al Juez a fin de que este asuma competencia y se limite a lo dispuesto por el artículo 323 [3] del Código Procesal Penal. Adicionalmente se debe mencionar que el Fiscal en esta etapa no está iniciando ni concluyendo con las investigaciones, sino que dispone la continuación de éstas mediante la Formalización de la Investigación Preparatoria, puesto que la investigación se inició cuando tomó conocimiento de la comisión del delito mediante los presupuestos del artículo 329 del texto normativo.

Sin embargo, para poder formalizar la Investigación Preparatoria propiamente dicha, se necesita contar con cuatro requisitos claramente determinados en el artículo 336.2 del Código Procesal Penal: Individualización del imputado, los hechos y su tipificación, el nombre del agraviado de ser posible y las diligencias que deban actuarse de inmediato. De estos cuatro requisitos los dos primeros derivan necesariamente de los fines inmediatos de las Diligencias Preliminares, por tanto, como se puede ver, la finalidad mediata solo se logra luego de haber cumplido satisfactoriamente con la finalidad inmediata.

2.3 Finalidad Inmediata
Como se ha indicado, el artículo 330.2 señala cuál es la finalidad inmediata de las Diligencias Preliminares, desarrollaremos cada componente de esta finalidad:

2.3.1 Actos urgentes o inaplazables
En este punto resulta determinante establecer con la mayor precisión posible la respuesta a la interrogante de ¿Qué se entiende por actos urgentes o inaplazables?

En primer lugar se debe indicar que la palabra urgente es sinónimo de inaplazable de lo que se concluye que el legislador ha querido dar un marcado énfasis a la premura con la que se deben desarrollar estos actos.

Los hechos de la humanidad se producen en dos vectores, por lo menos hasta ahora conocidos: El tiempo y el espacio. Lo urgente o inaplazable está íntimamente ligado al vector llamado tiempo, vector que está a su vez estrechamente vinculado al vector denominado espacio.

No es necesario recurrir a Einstein para poder afirmar que el simple paso del tiempo afecta inevitablemente la materia, no solo en cuanto a su consistencia, sino incluso respecto a su ubicación. Nosotros, los seres humanos, tomamos conocimiento de la realidad a partir del contacto que tienen nuestros sentidos con la materia que nos rodea, por tanto si esta es afectada ya sea en su composición o ubicación, nuestra percepción de la realidad puede resultar en una representación distorsionada o en todo caso poco precisa.

Así por ejemplo, podría ser engañoso para el ojo humano percibir la forma de una superficie determinada de terreno si esta ya ha sido cubierta por vegetación, y la mayor o menor cantidad de vegetación en un lugar, además de algunos factores ambientales, pasa también por la mayor o menor cantidad de tiempo transcurrido. De la misma manera, una persona que ve una herida cicatrizada, difícilmente podrá decir acertadamente cual fue la magnitud real de la herida en el preciso momento en que se produjo. Aquí también la cicatrización, amén de los maravillosos efectos regenerativos de nuestro sistema inmunológico, responde también al mayor o menor tiempo transcurrido. Se puede enumerar un sinfín de ejemplos, y todos apuntarán al mismo factor: El simple paso del tiempo afecta la realidad que nos rodea.

El tiempo y sus efectos pueden ser beneficiosos o no, y lo único cierto es que su discurrir es inexorable. La discusión ahora es saber cómo interviene este factor en nuestra materia de análisis. En relación con el tiempo, será urgente entonces una acción, cuando el paso de este hace que el resultado obtenido ya no sea el deseado. Un buen ejemplo de ello es la cocina: El tiempo de cocción adecuado permite conseguir un resultado deseado en el sabor de determinados productos. Una vez que se supera este tiempo adecuado resulta urgente detener la cocción, ya que si no el resultado no será apetecible y en algunos casos ni siquiera comestible.

Lo urgente no admite espera, muchas veces lo importante si, pero lo urgente no perdona el paso del tiempo. O mejor dicho, el tiempo no perdona y cuando lo urgente pasa el punto de necesidad el resultado del acto se hace irrelevante.

Es por esto que los actos urgentes en materia penal se encuentran más cerca al campo de la criminalística que al derecho procesal penal. En diversas legislaciones está así claramente estipulado, por ejemplo la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 17 y 18:

“Deber de informar
Artículo 17. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al tener conocimiento de la perpetración de un delito deberán Comunicarlo al Ministerio Público dentro del lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

El funcionario que retarde injustificadamente o incumpla con esta obligación, incurrirá en las responsabilidades a que hubiere lugar de Conformidad con la ley.

Actuaciones previas
Artículo 18. Previo a la realización de la notificación referida en el artículo anterior, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sólo podrán realizar las actuaciones dirigidas al resguardo, la preservación y la recolección de las evidencias, así como las que resultaren urgentes y necesarias para el logro de los fines de la investigación penal.”

Obsérvese que el retardo en estas actividades urgentes y necesarias genera responsabilidad en el funcionario que las provoca, lo que da luces de la importancia de que estos actos se realicen con la debida celeridad.

2.3.2 Los actos urgentes o inaplazables y la Criminalística
Como se ha dicho, los llamados actos urgentes o inaplazables que se realizan dentro de las diligencias preliminares están íntimamente ligados a la ciencia de la criminalística. Así, recurriendo al llamado Tetraedro de la Criminalística mencionado en casi todos los tratados de esta materia, resulta de vital importancia la rápida determinación del sitio del suceso, de la víctima, del victimario y del medio de la comisión. Precisamente los actos que contribuyan a establecer estos cuatro elementos son lo que deben realizarse de manera urgente y, como bien dice la norma Venezolana, necesaria.

Si volvemos a leer el artículo 330.2 de nuestro Código Procesal Penal, observaremos nítidamente que los actos urgentes o inaplazables aludidos recogen la teoría de los elementos del tetraedro ya mencionado.

Por interpretación negativa, cabe afirmar que no serán actos urgentes o inaplazables aquellos que si se desarrollan posteriormente arrojarán el mismo resultado que si se desarrollaran oportunamente: Por ejemplo, será urgente la toma de muestra de tejidos en un cadáver para enviarla a un laboratorio a fin de determinar el ADN del agresor, no será urgente el resultado de la prueba de esta ADN por cuanto este resultado no va a variar con el paso del tiempo (siempre que este resultado no sea determinante para la individualización). Será urgente el examen de parafina o absorción atómica en el imputado sospechoso de haber hecho un disparo, pero no será urgente el resultado de balística respecto a si los casquillos encontrados corresponden al arma del imputado. Permítaseme aclarar que en este apartado la determinación de urgente o no urgente no responde a la importancia del hecho, si no a una escala comparativa: Todos los supuestos descritos aquí son importantes, pero unos son más urgentes que otros.

Tampoco serán actos urgentes aquellos que realizándose oportunamente no cumplirán su función debido a que el paso del tiempo hizo que los resultados obtenidos sean totalmente inocuos al proceso. Por ejemplo tomar muestras de los fluidos de la zona genital de una mujer que denuncia una violación sexual, luego de dos semanas de ocurrido el hecho denunciado.

Finalmente, no será urgente tampoco un acto que no sea determinante para el resultado del proceso, aunque pudiera realizarse en el momento. Así, no será urgente la autopsia de un cadáver donde todos los elementos exteriores apuntan a que la causa del deceso fue un disparo con arma de fuego, teniendo el Fiscal el arma, testigos directos suficientes y el reconocimiento de la autoría por parte del imputado.

2.3.3 Principios de la Criminalística
Entre los diversos principios de la criminalística, están los de identidad, intercambio, rareza, reconstrucción, correspondencia, uso, producción, probabilidad y certeza; se percibe que casi todos ellos están ligados a un desarrollo de actividades en el más corto plazo posible para el logro de sus fines.

Un ejemplo claro de ello es el principio de intercambio de Locard o principio de transferencia. Este principio establece que cada vez que dos cosas entran en contacto, siempre existe una transferencia de material de una cosa a la otra y viceversa. Si bien el principio está planteado para ser usado cuando el agente entra en contacto con la escena del crimen, su uso también se aplica para la contaminación de la indicada escena, ya que mientras más tiempo transcurra desde el hecho delictuoso hasta el aseguramiento de la evidencia, crece proporcionalmente la posibilidad de su contaminación por la transferencia que reciben las evidencias de otros elementos extraños a la escena que eventualmente pueden ser introducidos voluntaria o involuntariamente.

Otro principio vinculado es el de reconstrucción, lo que se evidencia cuando en la etapa del juicio oral, es necesario presentar fidedignamente la escena del crimen para el Juez; objetivo que se logrará sólo si se ha realizado el levantamiento de datos o información del lugar de los hechos en el mas corto plazo luego de producido el evento delictuoso. Finalmente respecto al principio de certeza, este obedece a que los actuaciones de los especialistas criminalísticos se hayan realizado en un plazo lo más corto posible a partir del momento en que se produjeron los hechos.

Es una premisa de la criminalística que no existe escena del crimen que dure mucho tiempo; si bien no hay parámetros cuantitativos específicos para todos los casos, sí se han establecido algunas reglas básicas para algunos supuestos. Por ejemplo, la evidencia en los fluidos del cuerpo de una persona víctima de ataque sexual sólo es útil en las primeras setenta y dos horas. De la misma manera una marca de mordedura en el cuerpo de una víctima es útil también durante el mismo plazo aproximadamente, luego no podrá servir como evidencia determinante en el proceso para identificar al autor. En las telecomunicaciones, mediante la estación base BTS (Base Transceiver Statiton) que permiten identificar la posición geográfica de un usuario de telefonía celular mediante la información que se almacena en el registro HLR (Home Location Register), es posible determinar el desplazamiento del agente dentro de una o varias ciudades. Sin embargo la tabla donde se registra esta evidencia solo se mantiene durante setenta y dos horas en promedio, luego se borra automáticamente siendo totalmente imposible la recuperación de esa información.

De todos los ejemplos vistos se puede apreciar que la urgencia tiene que ver directamente con la posibilidad de obtener evidencia de calidad y la demora implica la pérdida de esta calidad o de la evidencia misma con el paso del tiempo.

III. EL CONTROL DE PLAZOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES
3.1 La concepción de la fase de las Diligencias Preliminares
La fase de Diligencias Preliminares debe ser breve, esta afirmación se desprende de la propia definición de los actos a desarrollarse durante estas diligencias: Analicemos:

Premisa 1:
Por definición legal, todos los actos que se desarrollan durante las Diligencias Preliminares tienen la característica de ser urgentes o inaplazables.

Premisa 2:
Los actos urgentes o inaplazables son aquellos cuyo resultado depende de la celeridad con la que se desarrollen y no pueden ser postergados en el tiempo.

Conclusión:
Si sólo se desarrollan actos urgentes en las Diligencias Preliminares y estos no pueden ser postergados en el tiempo, entonces la duración de las Diligencias Preliminares tiene que ser, por definición, lo más breve posible.

Las Diligencias Preliminares permiten que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan investigar sin la intervención de un Juez. No olvidemos que toda investigación implica potencialmente medidas restrictivas de derechos y toda medida de este tipo debe ser autorizada por un Juez. Sin embargo hay por lo menos dos razones de peso para comprender el porqué el legislador ha generado esta norma permisiva por la cual durante esta fase el Juez no interviene: La primera es porque, como ya hemos venido explicando, el simple paso del tiempo altera la evidencia del hecho criminoso y la escena del crimen, si sobre eso agregamos las comunicaciones dirigidas al Juez para la aprobación de las actuaciones, el tiempo que los pedidos toman en ser direccionados administrativamente al Juez competente, la emisión de la resolución correspondiente y su notificación a las partes, tendríamos paralizado el trabajo de investigación precisamente en el periodo en que la recolección de datos es de vital importancia para los fines del proceso penal, se produciría inevitablemente impunidad como consecuencia de la demora burocrática administrativa.

La otra razón es porque no puede haber judicialización sin imputado. Los actos urgentes tienen como finalidad también a la individualización del o los agentes. Este es un requisito sine qua non para poder formalizar la Investigación Preparatoria, y es en realidad el único argumento por el cual las Diligencias Preliminares podrían durar más allá del breve tiempo que se les ha asignado y hasta que el agente sea identificado, siendo tarea de la Policía Nacional las acciones orientadas a esta identificación.

3.2 Supuestos de solicitud de control de plazos fundada de las Diligencias Preliminares
Previamente a la solicitud dirigida al Juez, el afectado debe haber hecho la solicitud al Fiscal y este debe haber contestado negativamente. La norma establece dos supuestos:

a) El Fiscal no acepta la solicitud, o
b) El Fiscal fija un plazo irrazonable

Esto implica que el Juez previamente a resolver el tema de fondo, es decir el perjuicio basado en la excesiva duración de las Diligencias Preliminares, debe determinar si se ha cumplido por lo menos uno de los supuestos enunciados.

El primer supuesto se entiende que ocurre cuando, habiendo fijado el Fiscal un plazo determinado, antes de que ese plazo se cumpla el afectado considera que ya se realizaron los actos urgentes necesarios, el Fiscal por su parte considera que no es así y no acepta la solicitud. En el segundo supuesto el plazo inicialmente fijado es vencido (o se ha excedido el plazo ordinario de veinte días) y ante el requerimiento del afectado de dar por culminadas las diligencias preliminares, el Fiscal fija un nuevo plazo que a criterio del afectado es irrazonable, es decir vulnera el principio del plazo razonable.

Luego el Juez debe analizar los presupuestos en los cuales el afectado funda su solicitud, y estos debe estar referidos necesariamente a situaciones fácticas comprobables de manera objetiva en audiencia. El afectado en lo posible deberá acreditar con algún medio que el plazo fijado es excesivo, no bastará su sola percepción, salvo cuando la afectación al debido proceso sea del todo evidente, en los demás casos tiene la carga de la prueba de que el plazo fijado es irrazonable.

Los supuestos que el Juez debe considerar al momento de tomar la decisión de declarar fundada o no la solicitud son los siguientes:

a) Los plazos fijados por el Fiscal son excesivos para los hechos a investigar y actos a desarrollar.
b) Los plazos fijados se han vencido sin que se hayan desarrollado los actos dispuestos por el Fiscal, y el retraso es imputable a este último o a los órganos bajo su control.
c) Los actos dispuestos por el Fiscal que se deben desarrollar durante las Diligencias Preliminares no son urgentes o inaplazables.
d) Los actos dispuestos por el Fiscal no están destinados a las finalidades descritas en el artículo 330.2 del Código Procesal Penal

3.2.1 Cuando los plazos fijados por el Fiscal son excesivos para los hechos a investigar y actos a desarrollar
Si la solicitud se fundamenta en que el Fiscal ha dictado un plazo excesivamente largo para los actos a desarrollar, la comprobación de este supuesto resulta ser relativa, debido a que no puede saberse el futuro, y la prueba de que esto podría ser así debe ser aportada por el afectado. La decisión debe tomar como referencia esta prueba y también las reglas de la experiencia que el Juez utilizará. Ejemplo de este supuesto es cuando el Fiscal fija un plazo de cincuenta días para practicar la necropsia de la víctima. Resulta evidente que una necropsia no dura cincuenta días, y aún cuando los resultados de la necropsia fueran evacuados por los peritos forenses en un plazo de veinte o treinta días, el acto urgente es la necropsia y no así el análisis de los resultados que de ella se desprendan ni la elaboración del informe pericial o forense.

Cuando la duración de una diligencia sea discutible, el afectado deberá aportar información que permita establecer una media o promedio del tiempo de duración. Así, suponiendo que el afectado siente que el plazo fijado de treinta días para un examen de ADN es excesivo, deberá presentar informes o documentos de preferencia oficiales, que puedan demostrar que la media nacional en este tipo de pruebas es de diez días – por ejemplo -, plazo al que se deberá agregar el término de la distancia en el caso de que las pruebas no se desarrollen en la ciudad donde se investigan los hechos. En este caso el Juez deberá declarar fundada la solicitud de control de plazos.

3.2.2 Cuando los plazos fijados se han vencido sin que se hayan desarrollado los actos dispuestos por el Fiscal, y el retraso es imputable a este último o a los órganos bajo su control
Es posible que en un inicio el Fiscal haya fijado plazos razonables para el desarrollo de las actividades de investigación y actos urgentes, sin embargo puede suceder que vencido el plazo estos actos aún no se han desarrollado. Este supuesto puede suceder por tres variables: a) Por mal cálculo del Fiscal, b) Por retraso imputable al Fiscal o sus órganos de apoyo (no olvidemos que el Ministerio Público controla jurídicamente los actos de investigación de la Policía Nacional) o c) Por retraso no imputable al Fiscal o a sus órganos de apoyo.

En el último caso, cuando el retraso no es imputable al Fiscal o a los órganos de apoyo bajo su control, entonces la solicitud de control de plazos deberá declararse infundada. Se debe tomar en cuenta que aún declarando infundada la solicitud de control, esto no implica que el Fiscal vaya a tener éxito en el futuro en esta investigación.

Las otras dos variables implicarían negligencia del Ministerio Público, en el primer caso leve y en el segundo grave. En estos supuestos la solicitud deberá ser declarada fundada ya sea totalmente o en parte, en cuyo caso se dará un plazo suficiente para que el Ministerio Público pueda ejercer el control adecuado sobre sus propias actuaciones o sobre la dependencia responsable de la demora. Si se tiene en cuenta que a este punto de la investigación ya se ha generado una demora originada en negligencia, el caso ya se ha debilitado, por lo que la posibilidad de una sentencia condenatoria se reduce más y más con el paso de cada día. Aparece entonces en el horizonte la silueta de la impunidad. En una argumentación cómoda y poco consecuente, algunos han pretendido que la impunidad es generada por los Jueces de la Investigación Preparatoria cuando declaran fundadas las solicitudes de control de plazos. En realidad la única forma de alejar la figura de la impunidad de los tribunales es mediante la actuación diligente y célere del Ministerio Público y la Policía Nacional que, como se ha explicado, son quienes tienen la obligación constitucional y funcional de dirigir y controlar la investigación en el más breve y razonable plazo.

Un ejemplo simple: Se fija un plazo de veinte días para practicar un examen balístico a fin de determinar si la bala hallada en la escena del crimen pertenece al arma del imputado; partiendo del supuesto de que el plazo razonable para esta actuación o diligencia es de diez días incluyendo el término de la distancia. El afectado, vencido el plazo fijado, solicita control de plazos. El Fiscal rechaza la solicitud y amplía el plazo por treinta días más, en este punto el afectado por la excesiva duración solicita audiencia de control de plazos y en esta se acredita que hasta la fecha (luego de más de veinte días de iniciada la investigación) aún no se tienen los resultados de los peritos criminalísticos a los que se encargó esta diligencia. ¿Se debe declarar fundada la solicitud de control de plazos? La respuesta es sí, por cuanto la causal en la excesiva demora es imputable a una dependencia que está bajo control del Ministerio Público. Si bien es cierto que sin este resultado el caso se debilita enormemente, incluso pudiendo causar la temida impunidad, también es cierto que no se puede respaldar la falta de control del Ministerio Público sobre los órganos a su cargo, siendo de su entera responsabilidad el éxito o fracaso de la investigación. Por su parte el Juez, y a fin de no perjudicar el fin del proceso, deberá declarar fundada la solicitud en parte y disponer un plazo razonable y perentorio para la realización de la diligencia pendiente. Adicionalmente a ello deberá poner en conocimiento del superior jerárquico del Fiscal a cargo del caso, los eventos que dieron lugar al retraso a fin de que se tomen las medidas correspondientes que impidan que estos se produzcan nuevamente.

3.2.3 Cuando los actos dispuestos por el Fiscal que se deben desarrollar durante las Diligencias Preliminares no son urgentes o inaplazables
Este supuesto es el más común, por la tendencia a confundir los actos de investigación con los actos urgentes o inaplazables materia de las Diligencias Preliminares. En realidad la relación es de género a especie. El género son todos los actos de investigación, los actos que se desarrollan en la fase de Diligencias Preliminares también son de investigación, pero son la especie en cuanto tienen la característica especial de ser urgentes o inaplazables. Aclarado este punto, si el Juez llega a determinar que los actos dispuestos por el Fiscal no revisten la característica de la urgencia, deberá sin más declarar fundada la solicitud de control de plazos, concediendo un plazo suficiente tan solo para que el fiscal pueda emitir la disposición de continuación de la investigación y formalización de la misma, o el archivamiento de ser el caso.

Suelen disponerse como actos urgentes los resultados de los peritajes e informes forenses, sin embargo ya hemos dejado claro que los resultados no son urgentes, las tomas de muestras sí, salvo que los resultados sean determinantes para individualizar al autor. Tampoco son urgentes los actos de investigación propiamente dichos, como por ejemplo determinar los orígenes de la mercancía en un caso de contrabando, o el origen de los estupefacientes en un caso de narcotráfico.

Otro ejemplo de lo antes dicho es la autopsia o necropsia de cadáver, será urgente si el Fiscal carece de otros elementos indiciarios o probatorios para saber por ejemplo la causa de la muerte, para revelar si fue un homicidio o un suicidio por ejemplo en el caso de muerte por ahorcamiento. Si la victima presenta dos orificios de bala en la cabeza, la autopsia ya no será relevante para determinar si la causa fue un suicidio, sí tal vez para determinar la trayectoria de los proyectiles. Luego, si se ha aprehendido al agente en flagrancia y se cuenta con testigos directos, la autopsia sigue siendo importante, pero ya no urgente y por tanto podrá desarrollarse sin mayor problema en la etapa de la Investigación Preparatoria propiamente dicha.

3.2.4 Cuando los actos dispuestos por el Fiscal no están destinados a las finalidades descritas en el artículo 330.2 del Código Procesal Penal
Debido a que la norma del artículo 330.2 del Código Procesal Penal es una norma de tipo cerrado o numerus clausus, para que el tipo normativo se cumpla, el acto procesal debe estar inmerso expresamente en alguno de los supuestos descritos en la norma.

En este caso, se deberá analizar si los actos incluso siendo urgentes o inaplazables, tienen por objeto determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados o individualizadas las personas involucradas en la comisión de los hechos, asegurarlas debidamente dentro de los límites de la Ley. Si no se cumple con por lo menos uno de estos fines o, en otras palabras, el acto urgente está orientado a cualquier otro objetivo, la solicitud de control de plazos debe declararse fundada.

IV. CONCLUSIONES
1. De acuerdo a lo desarrollado se puede elaborar una primera conclusión fundamental o si se quiere teorema de aplicación al proceso penal:

“La posibilidad del éxito de la investigación es inversamente proporcional al tiempo que duren las diligencias preliminares.”

Ello debido a que mientras más tiempo duren estas diligencias, menor posibilidad habrá de obtener evidencias puras o no contaminadas que permitan establecer la responsabilidad del agente en un juicio oral más allá de toda duda razonable.

2. En toda solicitud de control de plazos de Diligencias Preliminares, el afectado debe aportar pruebas que acrediten la excesiva duración, salvo que esta sea evidente y pueda apreciarse por el Juez basándose mediante las reglas del sentido común y la experiencia.

3. El derecho a un plazo razonable es un derecho fundamental y como sabemos los derechos fundamentales no están establecidos por reglas si no mediante principios. Los principios cuando colisionan con otros principios son elásticos, siempre que no se toque lo que se ha dado en denominar el núcleo duro del derecho fundamental. En ese orden de ideas, cada derecho fundamental cuya tutela se procure tendrá que analizarse a la luz de reglas genéricas y su aplicación será especial para cada caso concreto, precisamente por la elasticidad de los principios que contienen esos derechos. Es por esto que no se puede dar una lista de actos urgentes y otra de actos que no lo son. Primero porque la realidad siempre genera más posibilidades de las que se pudieran esbozar en la teoría y además porque, conforme a lo expresado líneas arriba, todos los actos urgentes no son urgentes por si mismos, si no en función a las variables de su entorno.

4. Por definición los actos urgentes o inaplazables no pueden durar mucho tiempo. Es un error conceptual afirmar por ejemplo que las diligencias preliminares pueden durar cien días. Un acto que dura cien días, por definición, no es urgente.

V. BIBLIOGRAFIA

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4. HAU CAMORETTI, Jorge. (Perú) El ADN en la identificación humana. Estructura y función del ADN. Ponencia del I Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística desarrollado los días 26, 27 y 28 de octubre del 2006 en Arequipa. Perú.

5. HELLIN MORO, Luis Enrique. (España) Obtención y análisis de evidencias en teléfonos celulares con tecnología digital. Ponencia del I Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística desarrollado los días 26, 27 y 28 de octubre del 2006 en Arequipa. Perú

6. HERMOZA OROSCO, Plinio Hugo. La reforma: El plazo razonable en las diligencias preliminares en el Nuevo Código Procesal Peruano. Blog. Mayo, 2009

7. PISCIONERI TORRACA, Patricia. (Argentina) Huellas o marcas de mordidas. Ponencia del I Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística desarrollado los días 26, 27 y 28 de octubre del 2006 en Arequipa. Perú

8. RODRIGUEZ REGALADO, Pablo A. Criminalística General. LPG Editores. Arequipa. 2006.

Notas a Pie

[1] Juez del Juzgado Paz Letrado del distrito de Iñapari con funciones de Juzgado de Investigación Preparatoria. Provincia de Tahuamanu. Distrito Judicial de Madre de Dios.

[2] “ARTÍCULO 330. Diligencias Preliminares.- 1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. 2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente. 3. El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores y que se altere la escena del delito.”

[3] “ARTÍCULO 323. Función del Juez de la Investigación Preparatoria.- 1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este Código. 2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado para: a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y –cuando corresponda- las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código.”

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6 respuestas a LA DURACION DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES Y SU DELIMITACION MEDIANTE EL CONTROL DE PLAZOS

  1. Wilder Padilla Valera dijo:

    Buen Día Dr. Miguel Vásquez, He leído cada uno de sus articulos y de hecho han aportado en la profundizacion de la formacion academica respecto a la aplicacion del Nuevo Código Procesal Penal.
    Hace poco solicité, en calidad de agraviado, ante el Juez de Investigación Preparatoria el control de plazos sobre las diligencias preliminares, ya que el plazo fijado por el Fiscal habia vencido, siendo su ultima disposicion de octubre del 2010, el cual ampliaba por 30 días mas las precitadas diligencias; como era de verse, ya habian pasado 400 dias aprox.
    Sin embargo, en la fecha de Audiencia de Control, el Juez me preguntó cual era el agravio que aquejaba a mi representada (Gobierno Regional), señalé que era la vulneracion del plazo razonable, así como mi representada no podía constituirse en actor civil mientras continua las diligencias preliminares con plazo vencido.
    Sin embargo, el Juez de Inv. señaló que no habia vulneracion respecto a la constitucion de actor civil por cuanto, éste podrá cosntituirse hasta antes de la finalizacion de la inv. preparatoria, siendo que la finalizacion aún no ha ocurrido; y respecto al plazo razonable, no mencionó nada.
    asimismo, el Fiscal, en fecha de audiencia, solicito al juez que dé por notificada la disposicion de Formalizacion de Investigacion Preparatoria, el cual tenía como fecha de expedicion la misma fecha de audiencia.
    Siendo que el Juez declaró infundada mi solicitud, por los argumentos de no agravio para constiuirme en actor civil y por carecer de objeto, por cuanto, ya se dispuso la formalizacion.
    Usted señala en la presente publicacion, referente al control de plazo por vencimiento de plazo fijado por el fiscal y el retraso es imputable a éste, lo siguiente: “(…)también es cierto que no se puede respaldar la falta de control del Ministerio Público sobre los órganos a su cargo, siendo de su entera responsabilidad el éxito o fracaso de la investigación. Por su parte el Juez, y a fin de no perjudicar el fin del proceso, deberá declarar fundada la solicitud en parte y disponer un plazo razonable y perentorio para la realización de la diligencia pendiente. Adicionalmente a ello deberá poner en conocimiento del superior jerárquico del Fiscal a cargo del caso, los eventos que dieron lugar al retraso a fin de que se tomen las medidas correspondientes que impidan que estos se produzcan nuevamente”.

    Sin embargo, en el presente caso, el Juez no dispuso que se ponga de conocimiento al superior jerarquico del fiscal, a fin que no se produzcan nuevamente estas dilaciones, pese que le mencioné y solicité.

    Disculpa Doctor lo extenso de mi relato, pero es importante mencionarlo para que usted pueda, de ser el caso, dilucidar las siguientes interrogantes:
    1. Puedo impugnar la referida resolucion que declara infundada mi solicitud de control de plazos, por cuanto, la motivacion que realiza el precitado Juez no se ajusta a derecho, a pesar de estar ya notificado de la disposicion de formalizacion de la inv?
    2. Cual es la afectacion al agraviado por la excesiva duracion de diligencias preliminares y estando, en muchos casos, ya vencido el plazo?
    3. Es suficiente la vulneracion del plazo razonable?

    De antemano, muchas gracias Dr. Miguel Vásquez, y aprovechar la oportunidad de felicitarlo por su preocupacion de generar estos espacios de debate.

    Atte.

    Wilder Padilla Valera

    • Buenas noches Wilder. Gracias por leer el blog y comentarlo.
      Respecto a tu consulta te contestaré por partes:
      1) Me parece que hizo bien el Juez, no olvides que no podías haber sustentado tu pedido en la imposibilidad de constituirte en actor civil, porque no necesariamente toda diligencia preliminar termina en fomalización. El fiscal pudo haber dispuesto el archivamiento.
      Lo correcto era pedir primero el control de plazos, como efectivamente hiciste y luego una ver formalizada la investigación solicitar la consitución en actor civil.
      2) Me parece que hubo algo de descuido de tu parte y del agraviado, porque pedir un control de plazos luego de 400 días…. como podrás comprender es mucho no? Tendrían que haberlo pedido cuando mucho el día 20, o el día 31 luego de la ampliación.
      3) Creo que el Juez hizo bien en preguntar el agravio, todo control de plazos debe sustentarse en la afectación al plazo razonable. No puede ser de otro modo. Incluso un plazo fijado previamente se enmarca en la garantía del plazo razonable y todo plazo para ser razonable (además de lo dispuesto por el TC y la Corte Interamericana) debe ser debidamente fundamentado.
      4) Es común que los fiscales (sobre todo cuando se han excedido con creces) acudan a la audiencia de control de plazos con su formalización en mano. Eso implica dos cosas, la primera es que el requerimiento fue exitoso aunque no haya pronunciamiento del Juez y segundo, que se genera sustracción de la materia, el Juez ya no tiene acerca de qué pronunciarse.
      5) En realidad el Juez no debió siquiera pronunciarse acerca de tu pretensión (fundada o no) porque al haberse presentado la formalización, ya no cabía pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, por, como dije, sustracción de la materia.
      Si te pones a pensar, si el Juez hubiese declarado fundada la pretensión ¿qué habria dicho? Fundada…. y ¿luego? nada porque lo que tenía que disponer, la fomalización, ya estaba hecha. Entonces no había nada que resolver.
      6) La facultad del Juez de remitir oficio al Ministerio Publico, es facultad, no es una situación cuestionable salvo que haya mandato expreso de la norma, pero pienso que en ese extremo, todavía podría quedarte el recurso de la queja ante el órgano de control del MP, eso es algo que debes evaluar friamente y sin apasionamientos.
      Yo sigo sosteniendo que el Juez debió haber informado el fiscal coordinador, pero eso es algo que haría yo en función al caso concreto.

      Respecto a tus preguntas concretas:
      a) Yo creo que no se puede impugnar una resolución que resuelve control de plazos, esto porque no está en la lista de las resoluciones apelables, y adempas poque no es interlocutoria. Sin embargo la mayor parte de los órganos jurisdiccionales si la conceden en mérito al principio de la doble instancia.
      ¿Ahora si tendrías exito en la apelación? Yo creo que no, porque como te mencioné el Juez actupo bien, con el unico error de haberse pronunciado sobre el fondo, pero ese es un tema formal, al obtener tu formalización ya habías logrado tu requerimient cumpla su objetivo.
      b) Como he escrito en muchos trabajos y ensayos, yo estoy convencido que la vulneración al plazo razonable afecta de igual modo al imputado como al agraviado. La afectación concreta es desterrar la incertidumbre jurídica, tanto agraviado como imputado quieren tener certeza acerca de sus correspondientes situaciones jurídicas en el más breve plazo.
      c) El plazo razonable es la clave para cualquier control de plazos, pero como te dije, creo que tu cuestón va mas allá. Si quieres discutir la cuestión de la constitución de actor civil desde esa perspectiva, creo yo que no tendrías exito.

      Espero haberte ayudado y mis disculpas por haberme demorado en contestarte. Saludos.

  2. Fredy dijo:

    Dr. Miguel
    Nuevamente es un gusto saludarlo y continuar con su blog…
    En la constitución de Actor Civil, se puede pedir para asegurar el pago de la reparación civil, el vehículo que ha sido incautado y además pertenece al imputado? Ya que el caso es que el imputado ha cometido el delito de secuestro, violación e intento de homicidio. Precisamente se le ha incautado el vehículo que fue utilizado y cometido los ilícitos penales descritos.

  3. kalet contreras acuña dijo:

    buen trabajo, como puedo hacer para descargar y obtener este trabajo.

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